A pesar de los catastróficos impactos que en términos de pérdida de vidas humanas ha ocasionado la pandemia del Covid-19, no se vislumbre un rediseño de políticas públicas que ponga en el centro de las prioridades la protección del medio ambiente.
Aun cuando la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que casi el 80% de las muertes que se han registrado por causa de la pandemia, en el país se concentran en las zonas donde el medio ambiente ha sido más impactado negativamente.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) estableció que la actual emergencia sanitaria debe movernos hacia la sustitución urgente del modelo de crecimiento basado en energías fósiles.
“Convertirnos en una economía cero carbono, donde se privilegie el uso de la energía renovable con respeto a los derechos humanos”, dijo Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo.
Consideró que se requiere abandonar los esquemas de agricultura y ganadería industrial que han tenido graves impactos en la pérdida de cobertura vegetal y forestal en nuestro país, para priorizar los modelos de agricultura agroecológica y el reconocimiento de nuestro patrimonio biocultural.
Convocó a los sectores públicos y privados a abandonar el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, extracción y explotación de recursos naturales, pues dijo que la pandemia nos ha recordado la importancia de tener aire y agua, alimentación sana y ecosistemas saludables.
Repensar nuestro modelo de desarrollo y patrones de consumo, basados en una visión depredadora y extractivista del medio ambiente, para sustituirlos por la procuración del bienestar al que aspiramos todos los seres humanos.
“Urge abandonar los esquemas de agricultura y ganadería industrial que han tenido graves impactos en la pérdida de cobertura vegetal y forestal en nuestro país, para priorizar los modelos de agricultura agroecológica y el reconocimiento de nuestro patrimonio biocultural”.
Ratificó su compromiso por unir esfuerzos con todos aquellos que estén a favor de la legalidad y el Estado de derecho en materia ambiental.