En el segundo día de la VI Cumbre Nacional de Estado Abierto, celebrada en México, surgió una alarma sobre un posible aumento en la violencia contra las mujeres, ante la perspectiva del desmantelamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El posicionamiento fue realizado por mujeres de diversos sectores, quienes expresaron su preocupación sobre cómo la falta de transparencia y la opacidad en los datos estadísticos podrían agravar esta problemática.
Durante la mesa de discusión sobre apertura institucional en la agenda feminista, la periodista Adela Navarro alertó sobre el riesgo de un incremento en los casos de violencia de género.
En este sentido, subrayó que la opacidad en las investigaciones sobre feminicidios podría contribuir a una mayor complicidad entre las autoridades y, en consecuencia, a un crecimiento de la corrupción. En Baja California, por ejemplo, se reportaron 181 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 18 fueron clasificados como feminicidios.
Otra de las figuras que ofreció su punto de vista fue Sol Sánchez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltando la falta de medición de la violencia contra las mujeres en México y la importancia de los datos abiertos para monitorear y documentar estos casos, expresando que la ausencia de información precisa y accesible impide una adecuada evaluación y respuesta a la violencia de género.
En su oportunidad, María del Carmen Nava comisionada del InfoCDMX, advirtió que la posible desaparición del INAI afectaría no solo a este organismo federal, sino también a los 32 órganos garantes locales.
A decir de Nava, el INAI y los garantes locales trabajan de manera colaborativa, y eliminar uno de estos niveles de transparencia podría impactar gravemente en la capacidad para atender las inconformidades ciudadanas.
A estas opiniones se sumó Julieta del Río, comisionada del INAI, que criticó la propuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de traspasar la responsabilidad de la transparencia a la Secretaría de la Función Pública, argumentando que esta entidad es conocida por su falta de transparencia y que confiarle la tutela del derecho a la información representaría una regresión a un modelo obsoleto que ya ha demostrado ser ineficaz.
La discusión en la cumbre subraya la creciente preocupación sobre el impacto de la opacidad en la lucha contra la violencia de género y el papel crítico de los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública.
