En una serie de decisiones clave, jueces de distrito han concedido las primeras suspensiones que frenan el proceso de dictaminación de la reforma judicial. Estas medidas cautelares impiden que el proyecto sea discutido por la nueva legislatura de la Cámara de Diputados y que el decreto sea enviado a las legislaturas locales para su aprobación.
En un primer caso, el juez Felipe Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, determinó que, aunque el Congreso de la Unión puede continuar con el proceso legislativo, el decreto de reforma no debe ser enviado a las legislaturas locales.
En este sentido, Consuelo Soto otorgó la suspensión a los juzgadores que impugnaron la iniciativa de reforma, argumentando que esta afecta sus derechos fundamentales, los cuales serían irreparables si el proceso legislativo concluye.
Por otro lado, la jueza Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, también otorgó una medida cautelar, y lo hizo a favor de jueces que buscan evitar la separación de sus cargos en caso de que la reforma sea aprobada.
La jueza argumentó que la medida es factible dado que la iniciativa de reforma aún no se ha materializado y que la afectación a los quejosos se manifestará al concluir el procedimiento, haciendo que el juicio de amparo sea improcedente y dejando a los jueces en indefensión.
Por último, Magaña López estableció que el proyecto no podrá ser discutido ni votado por la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, que tiene un plazo de 24 horas para informar sobre el cumplimiento de la suspensión.
En caso de desacato, se dará vista al Ministerio Público de la Federación para tomar las medidas pertinentes.
