Para tratar de frenar la autorización de nuevas patentes notariales al final del sexenio del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se busca reformar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca
La iniciativa contempla una reforma la fracción XXXII del artículo 49 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por el cual busca frenar la venta nocturna de Fiats notariales como ocurre en cada fin de sexenio en donde los más beneficiados son hijos, hijas, funcionarios o familiares de notarios.
Se busca promover la observancia de valores y principios en la función notarial para orientar este ejercicio a altos niveles de calidad, ética y eficiencia; asegurar que únicamente las personas calificadas puedan ejercer dicha función”, destacó la diputada Laura Estrada Mauro, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena.
Expuso que ello permitirá a la sociedad oaxaqueña conocer quiénes están interesados en contar con una patente notarial y así evitar más despojos de bienes, ya que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reportó recientemente que inició mil 467 carpetas de investigación por hechos realizados por llamado “cartel del despojo”, de los cuales 213 se trata de falsificación de documentos notariales, añadió Estrada Mauro.
En la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles, la diputada local Lizett Arroyo Rodríguez presentó el Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2 y un artículo 5 BIS a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el cual busca prevenir y evitar la revictimización en el desarrollo del procedimiento penal y evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género asociados a factores sociales, culturales o laborales.
Por su parte, la diputada Mariana Benítez Tiburcio del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un exhorto a los integrantes del Congreso De La Unión para que en el marco de sus atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueda concluirse el proceso Legislativo respecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en su caso, en el libro correspondiente a jurisdicción voluntaria, se prevea que su regulación se realice acorde con los estándares constitucionales y convencionales, así como con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derechos de las personas con discapacidad.