Ante las pretensiones de privatizar Punta Colorada en Puerto Escondido para la construcción de grandes complejos turísticos que destruirían esta riqueza natural, pobladores y organizaciones ambientalistas reiteraron su decisión de seguir protegiendo esta región.
Confirmaron que insistirán en la Cámara de Diputados Federal y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva el trámite en el que se solicita la declaratoria de protección de área natural de Punta Colorada, una reserva natural en la Costa de Oaxaca.
Es una de las playas vírgenes en Puerto Escondido en la que se practica el surf como deporte y recientemente se ha dado a conocer que en esta región se quieren construir complejos hoteleros que pueden afectar la formación de olas.
Además de que se está luchando para que sea una zona de conservación ecológica y de la cual ya tiene conocimiento la Semarnat por medio de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Es considerada una playa virgen, ya que no hay edificaciones a su alrededor; sin embargo, está en riesgo por la contaminación que ha provocado una planta de tratamiento que se encuentra en la zona y por un proyecto de desarrollo turístico impulsado por el gobierno de la entidad.
La planta de tratamiento es irregular desde que empezó a operar, motivo por el que en marzo de 2006 se realizó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por “olores nauseabundos en los alrededores”, así como la posibilidad de un potencial daño ambiental en la laguna y en el sistema de manglar.
Alberga una gran extensión de mangle rojo y blanco, también es importante para las tortugas marinas, sobre todo para la especie Laúd, considerada como la más grande del mundo y que se encuentra en peligro de extinción, por lo que estudiantes universitarios lo visitan como parte de sus estudios de licenciatura.
Almendra Gómez Leyva, activista de la asociación Salvemos Colorada, pugna porque Punta Colorada se declare como Área Natural Protegida; tiene cerca de 2.5 kilómetros de playa virgen, alberga un manglar en el que habita una gran variedad de aves, cocodrilos, tortugas y otras especies amenazadas y en peligro de extinción, así como vestigios geológicos.
Nosotros argumentamos que destruir Colorada, la última parte verde de Puerto Escondido, vulnera nuestro derecho a un medio ambiente sano”, indicó.
Estas áreas naturales tienen fauna amenazada en donde se incluye la NOM-059SEMARNAT-2010 que trata sobre la protección ambiental y especies nativas de flora y fauna que incluyen animales como la iguana verde, lagarto, tortuga prieta, 13 tipos de murciélagos, así como vegetación que incluye el mangle blanco.
Ante tales condiciones, los pobladores de esta zona quieren seguir protegiendo esta región en donde un juez resolvió a favor de ellos y de esta zona, sin embargo, existen intereses quienes siguen queriendo realizar este ecocidio en Puerto Escondido.
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Por décadas diversos gobernadores y políticos de la región han intentado adjudicar Punta Colorada hasta que en 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fideicomiso Punta Colorada que finalmente se declaró como reserva territorial.
En la administración del gobernador Heladio Ramírez López (1986-1992), se intentó impulsar el desarrollo turístico en Puerto Escondido, sin embargo, durante el mandato en Oaxaca de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), se entregó el área de Punta Colorada a la empresa Jencar, SA de CV, para que desarrollaran las 111 hectáreas.
Lo que hizo él fue dar los terrenos para un proyecto residencial y Jencar obviamente era de él y de otros políticos. Entonces Punta Colorada siempre ha estado en conflicto entre Jencar, los comuneros y el Gobierno”, añadió.
En 2011, el gobierno encabezado por Gabino Cué (2010-2016), intentó construir una dársena (un tipo de muelle), lo que ocasionaría daños en el ecosistema de Punta Colorada.
Ante ello, en nombre de los pobladores, Bulmaro Sánchez Vásquez aseguró que Punta Colorada no se vende y reconoció que la lucha que emprendieron los habitantes de Puerto Escondido para evitar la privatización.