El año 2006, fue un año extremadamente complicado para los Oaxaqueños, pues, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabadores del Estado, que agrupa a diversos trabajadores de la educación, realizó su tradicional “jornada de lucha”, para exigir, como cada año, prerrogativas especiales a favor de sus agremiados, acusando, como siempre, de represor al gobierno en turno, en ese entonces encabezado por Ulises Ruíz Ortiz, estableciendo, como cada año, su jornada de lucha, a pesar que sus agremiados son trabajadores del Estado, y en su momento parecía que todo sería como siempre: toma de calles, protestas, negociaciones opacas y obscuras, dinero para los líderes y a seguir “trabajando” con mayores prestaciones.
Sin embargo, en el mes de mayo de ese complicado 2006, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado desconoció a Ulises Ruíz Ortíz como interlocutor a sus demandas, y aclaro que le correspondía la figura de interlocutor por que el aumento de salario y rezonificación es competencia del Gobierno Federal, no de los Estados; es decir, la “jornada de lucha” exigía al Gobierno Estatal prestaciones sabiendo que no estaba en su competencia resolverlas, no obstante, el 22 de mayo de dicho año estalló la huelga en todas las escuelas públicas de Oaxaca, poniendo en riesgo, como cada año, el ciclo escolar, tomando diversas calles del centro histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, así como su zócalo.
Toda vez que una de las promesas de campaña de Ulises Ruíz Ortíz fue impedir las manifestaciones en el Centro Histórico de la Ciudad, el 14 de junio de dicho año, ordenó desalojar a los maestros con gases lacrimógenos y balas de goma, a lo que lo maestros respondieron con piedras y palos, teniendo como resultado el fracaso del citado intento desalojo, ocasionando además protestas en contra del uso de la fuerza pública para acallar manifestaciones sociales, y la dimisión del gobernador Ulises Ruíz Ortíz se convierte en una demanda mas de la jornada de lucha magisterial.
Dentro de ese contexto surge la “Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca”, la cual, después de ser criticada como un pleonasmo, cambia su nombre a “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, como un conjunto de organizaciones sociales unificadas después del intento de desalojo anteriormente referido, iniciando así una verdadera época de terror e ilegalidad en el Estado de Oaxaca, pues era común encontrarse con barricadas que impedían el libre tránsito, ocupadas por jóvenes adictos y personajes realmente violentos e incendiarios que se escudaban en la lucha social para delinquir, quienes gozaban de plena impunidad bajo el argumento de ser “presos políticos” y “de conciencia”.
En el mes de junio del año 2006, la APPO boicoteó la Guelaguetza, e incluso, el Auditorio Guelaguetza fue destruido, situación de la que se deslindó la APPO, y a partir de esa fecha, dicha organización comenzó a realizar su “Guelaguetza Popular” en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.
De igual forma, la APPO ocupó por la fuerza el Canal 9 de Oaxaca, para difundir información sobre su jornada de lucha.
El 27 de octubre del año 2006, se dio un enfrentamiento entre policías militares y preventivos contra miembros de la APPO, evento en el que falleció el periodista de nacionalidad norteamericana Brad Will; el 28 de octubre del año 2006, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quezada, dio la orden a la Policía Federal de intervenir en Oaxaca, por lo que el 29 de octubre de dicho año, la Policía Federal Preventiva ingresa con tanquetas antimotines a la ciudad de Oaxaca, utilizando toletes, gas lacrimógeno y chorros de agua, a lo que la APPO les arrojaba bombas molotov, y cuando la Policía Federal Preventiva comienza a retirar las barricadas en el centro de la ciudad la APPO incendió autobuses.
Durante este periodo de violencia, se generaron muchos daños al patrimonio edificado de la ciudad de Oaxaca de Juárez, entre los que cabe resaltar el incendio provocado al edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que se perdieron los expedientes judiciales que se tramitaban en el interior del mismo, por lo que cabe destacar la participación de Flavio Sosa Villavicencio en dichos actos de violencia contra todos los Oaxaqueños, quien fue detenido el 4 de diciembre de 2006 en la Ciudad de México, acusado de diversos delitos como: sedición, robo, secuestro, lesiones, despojo agravado, pero al ser un “preso político y de conciencia” en 2008 fue declarado inocente y liberado y posteriormente premiado con una diputación plurinominal en el año 2010.
Es por eso que, pareciera una burla a todos los oaxaqueños, que Arturo Peimbert Calvo, en compañía de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca acudan a la Corte Penal de la Haya a denunciar a Ulises Ruíz Ortíz, Felipe Calderón Hinojoza y Vicente Fox Quezada, por los hechos ocurridos en el periodo del mes de mayo del año 2006 al mes de agosto del año 2007, cuando quienes delinquieron con plena impunidad fueron precisamente los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y si existe responsabilidad por las autoridades es precisamente la omisión de sancionar a quienes literalmente incendiaron Oaxaca, por lo que solo cabe esperar que estas acciones sean solamente cenizas de un pasado ya superado y no una chispa que busque lastimar mas a nuestro estado.
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