El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura, si bien la historia del sufragismo mexicano inició desde finales del siglo XIX con expresiones como la revista “Las Hijas del Anáhuac”, donde se publicaban algunas posturas sobre la lucha sufragista en Europa y Estados Unidos, demandando igualdad de derechos para los dos sexos y la emancipación de las mujeres.
Ya en los albores de la Revolución Francisco I. Madero adhirió a clubes femeniles sufragistas como “Las Hijas de Cuauhtémoc”, fundado por Elisa Acuña y Dolores Jiménez y Muro. Posteriormente, las maestras Hermila Galindo, Esperanza Romero, Elvia Carrillo Puerto y demás integrantes del Primer Congreso Feminista, entre muchas más, valerosamente lucharon por el reconocimiento de nuestros derechos políticos.
Ayer conmemoramos el 66° aniversario del ejercicio del voto de las mexicanas en elecciones federales. Esta conmemoración cobra relevancia este año que ha sido trascendental en la lucha por la paridad política, no sólo por los resultados de la elección del 6 de junio pasado, que a nivel legislativo y estatal dio grandes satisfacciones, sino porque seguimos insistiendo en los puestos de representación que faltan.
En la semana que termina hubo dos avances; el primero, fue el anuncio de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de las gobernadoras electas, quienes juntas se comprometieron a impulsar una Agenda de Género con la finalidad de erradicar las violencias y todo tipo de discriminación hacia las mujeres, así como promover la igualdad en la vida cultural, política y económica del país.
Este anuncio es una importante señal de voluntad sorora, para que la lucha por la representación política de las mujeres detone políticas públicas en materia de igualdad de género orientadas a cerrar las brechas de desigualdad y a mejorar la vida de las mexicanas desde lo local.
El segundo avance fue que más de 35 Senadoras y Senadores de todas las bancadas parlamentarias presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma y adiciones a diversas disposiciones constitucionales en materia de paridad de género, para que este principio sea garantizado en la conformación de los órganos de dirección jurisdiccionales federales y locales, en tribunales administrativos del Poder Ejecutivo Federal y de manera específica, en órganos autónomos.
Esto es de suma relevancia considerando la actual sub-representación de las mujeres en dichas instancias; en la Suprema Corte de Justicia, las mujeres representan el 27%; la situación es la misma en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde las mujeres representan el 28%; y en el Consejo de la Judicatura Federal, también el 28%. En el caso de los órganos autónomos la situación varía, en la mayoría la representación de las mujeres ronda el 40%, aunque todavía hay casos como el del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), donde ellas representan solo el 28%.
¿Por qué insistir en la paridad? Lo primero es cumplir con un principio básico de justicia que es dar a cada quien lo que le corresponda, de manera qué, si las mujeres somos el 52% de la población de igual manera nos correspondería el 52% de la representación política. Lo segundo y más trascendente, es el paso siguiente a la paridad política qué, a través de la aplicación efectiva del enfoque de género desde todos los entes gubernamentales, ésta se traduzca en igualdad sustantiva.