En Oaxaca el Poder Judicial no ha tenido un incremento suficiente en su presupuesto, a pesar de la implementación obligatoria de las últimas reformas federales en materia procesal.
Tal es el caso de los procedimientos mercantiles, laborales y, próximamente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La ausencia de un presupuesto robusto impacta en la calidad y cantidad de impartición de justicia que el usuario o destinatario final recibe y percibe.
La imparcialidad que los operadores de justicia deben observar corre el riesgo constante de ser devorada por la corrupción.
Se trata, entonces, de contar con un presupuesto que garantice salarios dignos y justos a los funcionarios judiciales, a fin de evitar la incertidumbre que causa el saber que no todas las partes que intervienen en un procedimiento ante un juzgado se encuentran en igualdad de condiciones económicas.
Esto solo será posible cuando se haga realidad la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de Oaxaca.
Un rezago más que la administración gubernamental que inicia en el mes de diciembre de este año 2022, tendrá que enfrentar con el propósito de transformar las instalaciones y servicios de la impartición de justicia en Oaxaca. Por el bien de los justiciables.
NOTA HISTÓRICA: En 1975, al mismo tiempo que se anunciaba la visita de la Reina Isabel II de Inglaterra a Monte Albán, se mencionaba que en Oaxaca no había jueces suficientes para cubrir las regiones, a grado que tuvieron que hacerlo con pasantes de derecho, a quienes se les tomó como servicio social.
En esa misma fecha se anunciaban nuevos códigos penal, civil y procesal, ante procedimientos tan largos y complicados que resultaban una traba para que los expedientes salieran con mayor brevedad, admitía el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, licenciado José María Yáñez.
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EDUARDO CASTILLO CRUZ: Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.