El Sistema de Gobierno en México franquea un momento complejo cuando está por concluir un periodo de gobierno constitucionalmente, caracterizado por el ataque directo a uno de los poderes, el Judicial Federal, bastión de la defensa del propio sistema, de su regularidad Constitucional y de los Derechos Humanos de todos los mexicanos alcanzado a partir del dos mil once, avance del que hoy se ocupa, la corriente política impuesta mayoritariamente en minimizarla, explotando la pobreza de un pueblo que ha entregado su voluntad a cambio de recibir treinta y seis mil pesos al año, de su propio dinero, no del presidente en turno.
El ímpetu es una consecuencia de la denominada transición en México de la que se habló a partir del Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, mismo que propicio que se diera la alternancia del Gobierno Federal a diversa tendencia, el cual el Partido Revolucionario Institucional había retenido por un largo tiempo, respecto de lo que se dijo que podía abrir el campo hacia una democracia más acabada que permitiera el avance a la consolidación del sistema institucional y de libertades de los mexicanos, cuya voluntad soberana había estado sometida al poder y al corporativismo, pero que también podía caer en el autoritarismo antidemocrático en ese proceso.
En lo que toca al riesgo negativo de la transición que se calificó en principio de democrática impulsada por el presidente Zedillo, ahora se ha coinvertido en un retroceso que ha colocado a México y su pueblo en un periodo de autoritarismo que tiende a prolongarse, impulsado en contrario por el presidente López Obrador a la antidemocracia, sustentado en un débil pluralismo político que, en este régimen ha sido pulverizado por la amenaza o por la compra de los líderes de las corrientes políticas que todavía respiraban el inicio de este gobierno; que recibieron oxigeno en la elecciones intermedias ,el cual han perdido en su totalidad en la pasada elección.
Hoy vemos como, sin mayor oposición, el todavía presidente López Obrador que se advierte seguirá gobernando, aunque se vaya a su rancho, en la persona de la presidenta electa, Doctora Claudia Sheinbaum, está por complementar su deseo, el personal, de acabar con todo aquello que obstaculizó sus actos de atropello a los derechos humanos de los mexicanos, mediante los actos de la regularidad constitucional y su defensa por parte esencialmente de la Suprema Corte y de los Organismos autónomos.
La reforma al poder Judicial de la Federación, poder técnico profesionalizado, no sustentado en la popularidad del sufragio, sino en la legitimidad de la propuesta presidencial y la ratificación de los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su capacidad adquirida para desempeñarse en esa alta responsabilidad, no es una necesidad nacional en lo tocante al cambio de la forma de la designación de los miembros de este órgano como cabeza y representante del Poder Judicial Federal, sino un acto caprichoso sustentado en el deseo de venganza para desmantelar lo que denomina una elite al servicio de los conservadores, de la corrupción del pasado etcétera, afectando con ello todo su entorno como son los magistrados, jueces federales.
La afectación al sistema federal es profunda, se acota más el de por sí ya muy limitado régimen interior de los Estados de la Federación, a los cuales solo les queda la mención formal en la Constitución. Los Gobernadores ya afilan, como los virreyes de la conquista, sus reformas para hacerse del control total de los poderes judiciales locales para designar jueces a modo, pues, aunque ya mantienen centralizado ese control a través de las Consejerías jurídicas, ahora se intensificara mediante el proceso de elección. Ello con la complacencia de algunos poderes judiciales locales, implica una modificación aún más profunda del sistema federal actual a uno centralizado.
La intención es evidente un egoísta deseo de venganza personal que somete a las instituciones democráticas y al pueblo a su voluntad en todo el territorio nacional y lo más preocupante es que el avance que tuvimos en materia de tutela, protección y garantía de los Derechos Humanos y de la regularidad constitucional de todo el orden jurídico, incluido el control difuso responsabilidad de todos los jueces del orden común, tendrá como límite la voluntad del presidente o presidenta, y de los virreyes o delegados presidenciales, los gobernadores, esos poderes serán los supremos al estilo Santa Ana, como ya lo son actualmente, legisladores y próximamente juzgadores, la santísima trinidad del sistema institucional mexicano.
Por ello, la sociedad civil es relevante que se una al movimiento del derecho a la resistencia que están llevando a cabo los servidores públicos del Poder Judicial Federal, porqué no solo es la lucha por sus legítimos derechos como tales, sino de todos los mexicanos en cuanto a los fundamentales que nos otorga el orden constitucional. En estos momentos todos debemos ser Poder Judicial Federal, juzgadores y ciudadanos.
Hoy es necesario que se aplique el principio progresivo de esos derechos, fundamental que posibilita una innovación en los criterios, para que, mediante el interés jurídico y el legítimo de todos los mexicanos frente al orden Constitucional impulsemos un juicio de amparo con la denominación de popular, frente al abuso del poder en contra de los actos del poder constituido denominado constituyente permanente por la aprobación de una reforma que atenta contra una decisión fundamental del constituyente originario, la división del ejercicio del poder y la defensa de los derechos humanos.
En párelo, sustentado en el principio de progresividad de los Derechos Humanos, expreso que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano del Estado Mexicano, no del poder político central, sino de la Constitución Federal, es decir de la comunidad total y encargado de hacer una declaratoria de inconstitucionalidad por contrariar el sistema federal sustentado en la división del ejercicio del poder. (Teoría jurídica del Estado Federal. M. Mouskheli. Pág. 158).
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