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OPINIÓN

China Camarena
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Desapariciones y fosas: el horror normalizado

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En unas semanas se cumplirán tres años de la desaparición de José Luis Bautista, un joven de 32 años que residía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hace aproximadamente diez días, Ericka Castro, su esposa, recibió la noticia de que seis marinos habían sido acusados de llevarse a su marido. Sí, seis de las personas cuyo trabajo consiste en velar por la integridad de las mexicanos, cometieron uno de los peores atentados contra la misma. 

Esta noticia, como la mayoría de las referentes a desapariciones forzadas y hallazgos de fosas clandestinas, tocó las páginas de algunos medios pero no pareció trascender la opinión pública. Y es que como ocurre con otros actos de violencia, aunque aceptamos que son crueles, ya no nos indignan. 

Sin embargo, hay personas como Jorge Ruíz, que han dedicado su vida profesional al estudio y optimización de herramientas que faciliten la búsqueda de fosas clandestinas; que den a las familias un fresco respiro de justicia. Personas que decidieron pasar estos actos brutales del plano de lo ajeno y ‘normal’. al de la acción y el cambio. 

La labor que Jorge hace con su equipo dentro del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, se denomina “investigación con incidencia” pues está enfocada a fortalecer los procesos de colectivos de familiares o procesos de implementación de política pública. “Hicimos un diagnóstico de la situación de fosas clandestinas en el país, porque no existía un esfuerzo por reunir toda la información que había, y dar un panorama general de la situación” explicó el politólogo. 

Así, de la mano de asociaciones como Data Cívica, y Human Rights Data Analysis Group, diseñaron un modelo de predicción de fosas para identificar municipios en donde se pueden localizar nuevas. Se trata de un modelo de aprendizaje de máquinas que identifica patrones, los aprende, y a partir de eso arroja predicciones. 

Algunas variables que el modelo toma para este fin, son el número de personas desaparecidas en el municipio, la distancia hacia las fronteras ya sea estatales o nacionales, si ha habido decomisos de drogas, etc. No obstante, Jorge dice hay que ser muy cuidadosos, pues puede haber municipios que tengan estas características y no tengan fosas, o viceversa.

El trabajo que han realizado desde el área que Jorge coordina, le ha sido de gran utilidad a las autoridades, pero para el joven investigador, aun queda mucho por hacer. “Queremos que nuestro trabajo se use para la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada; una ley que entró en vigor en México en 2018 y que  hace que se reconozca la desaparición como un delito a nivel nacional, crea instituciones nuevas como la Comisión Nacional y locales de búsqueda, entre otros programas de política pública para atender el problema” detalló. 

En esta línea y aunque ha existido cierto progreso en cuanto al explícito reconocimiento de esta atrocidad, Jorge admite que las autoridades mexicanas han quedado mucho a deber a las familias de desaparecidos. Y es que una desaparición forzada, para llamarse como tal, debe haber tenido autoridades involucradas, lo que desemboca en un inminente temor por parte de los familiares que los orilla a no denunciar.

Jorge ha visto rostros. Rostros de desesperación, de tristeza, de impotencia. Semblantes de auxilio que se postran en cada miembro de las familias de desaparecidos. “Cuando las conoces, te das cuenta que todas son personas que tienen sus propias historias (…) Es duro porque te gustaría hacer más para fortalecer sus procesos y que encuentren verdad y justicia”.

Pero luego nos topamos con otra de las grandes trabas en este proceso: la poca información que se tiene al respecto. Según cuenta el politólogo, hace unos años hicieron una solicitud a la FGR para ver cuántos perfiles de ADN de personas desaparecidas tenían, y cuántos de éstos ya se habían podido asociar con los cuerpos exhumados. ¿Lo que recibieron? Que de 40 mil perfiles genéticos que tenía la Fiscalía, únicamente habían identificado al 1.5%. Esto se debe, explica Jorge, a que no todos los estados tienen laboratorios de ADN o de huellas digitales, o carecen del mismo software para compartirse información entre ellos. 

El número de personas que han desaparecido y que yacen en fosas en el país, es incierto, pero se estima que la cifra negra sea mucho, muchísimo más grande que las 80 mil personas que el gobierno expone. El panorama en este contexto es turbio pero no imposible. Como dicen por ahí, “si se mide, se puede mejorar” y aunque como sociedad civil debemos comprometernos a involucrarnos más, hay personas como Jorge, que trabajan todos los días para medir la magnitud de este problema y traer justicia a las miles de familias que todos los días duermen con la esperanza de una respuesta, y siguen despertando junto a la impunidad. 

 Tw. @chinaCamarena 

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