Los decomisos de armas de fuego por parte de las autoridades federales y estatales han ido a la baja, y Oaxaca es una de las entidades en donde más se ha notado, al reducir en 91 por ciento del 2012 a la fecha, así lo detalla el estudio, La Prisión Preventiva Oficiosa: Insuficiente para el Control de Armas de Fuego, de la Organización México Evalúa.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la ‘extracción’ de armas cortas y largas al crimen organizado bajó 77 por ciento, en comparación con el sexenio de Felipe Calderón. Esta reducción fue especialmente grande en Tabasco (94 por ciento), Ciudad de México (93.6 por ciento), Coahuila (92 por ciento), Oaxaca (91 por ciento), Nayarit (88.9 por ciento) y Campeche (85 por ciento).
Hay que recordar que de los mil 080 homicidios dolosos registrados en la entidad de enero a noviembre de este año, 861 se realizaron con arma de fuego.
El reporte de México Evalúa destaca que la ciudad de Oaxaca es una de las rutas por donde armas de fuego son transportadas con rumbo a Centroamérica provenientes de Estados Unidos. Las armas llegan primero a Chilpancingo, Guerrero y después a Oaxaca, mientras que en otra ruta, llegan del estado de Veracruz.
Y se pierden las armas
México Evalúa retoma el informe Violaciones graves a los derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas en México, que señala que en Oaxaca, el 5 por ciento de las armas adquiridas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la Policía Estatal se perdieron o fueron robadas del período que va del 2010 al 2016.
Si bien Oaxaca no se encuentra entre los 14 estados con el mayor número de armas perdidas o robadas, el porcentaje en comparación con la cantidad de armas vendidas por la Sedena a las fuerzas policiales estatales es alarmante, señala la publicación.
Oaxaca adquirió a la Sedena poco menos de 4 mil armas del 2010 al 2016, por lo que al menos 200 armas fueron robadas o se perdieron del arsenal de la Policía Estatal de la entidad, indica el estudio realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) y por las organizaciones LatinAmericaWorkingGroup, Stop US Guns to Mexico y Open SocietyFoundation.