Desde el 1 de enero del 2020 al 24 de agosto del 2023, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ha registrado 875 expedientes de quejas relacionados con casos de abusos policiacos.
De acuerdo con especialistas en materia de seguridad pública, los casos de abusos cometidos por elementos policiacos obedecen a diferentes factores como la falta de capacitación y los bajos salarios que perciben los uniformados.
Los casos
El reporte de la DDHPO destaca que en el 2020 se iniciaron 184 expedientes de quejas relacionados con abusos de policías, en el 2021 fueron 271, en tanto en el 2022 sumaron 255 reportes y de enero al 24 de agosto del 2023 suman 165 casos.
Por corporaciones policiacas, quienes más violentan los derechos humanos de las y los ciudadanos son las policías municipales, le siguen los elementos de la Policía Estatal, después los tipiles y por último las fuerzas federales.
De los 184 casos que se contabilizaron en el 2020, 133 fueron cometidos por policías municipales, 43 por elementos estatales, seis por topiles y dos por elementos federales. En el 2021, de los 271 casos, en 209 los infractores fueron policías municipales, en 63 casos policías estatales, en seis denuncias por topiles y en dos casos por fuerzas federales.
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En el 2022, de las 255 quejas, la gran mayoría se iniciaron contra policías municipales con 209 expedientes, después por policías estatales con 42 casos y en ocho casos los involucrados fueron topiles.
De enero al 24 de agosto del 2023, de los 165 casos, en 133 estuvieron involucrados policías municipales, en 32 los elementos de la Policía Estatal y en cuatro casos los policías comunitarios conocidos como topiles.
Uno de los casos de abuso policiaco que consternó la sociedad oaxaqueña, fue el caso de Abigail Hay Urrutia, en el municipio de Salina Cruz, cuando la noche del 19 de agosto del 2022 fue detenida por elementos de la policía municipal y más tarde fue hallada muerta en su celda, aunque en primer momento las autoridades informaron que se trató de un suicidio, sus familiares denunciaron que se trató de un caso de abuso policiaco.
A la fecha, varios de los presuntos responsables de este caso continúan en libertad, mientras los familiares de la joven se encuentran refugiados en otro estado del país, esto ante las amenazas que han recibido por exigir justicia por la muerte de Abigail.